Excelente, didático e alarmente análise sobe a situação econômica da Venezuela e alternativas.
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CAMBRIDGE, Massachusetts — La situación de Venezuela continúa agravándose año tras año. Si se cumplen las proyecciones de los organismos multilaterales para 2018, el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de su producto interno bruto en cinco años. Esta caída se encuentra entre las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en las últimas tres décadas.
A medida que se deterioran las condiciones del país, también cambian las estrategias y los apoyos requeridos para lograr su recuperación. Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término. América Latina y la comunidad internacional deben entenderlo así y asumir el rescate de la nación latinoamericana como una urgencia.
Desde 2013 hemos venido trabajando en los lineamientos de un plan de rescate para “el día después” del fin del régimen chavista. En septiembre de 2014, propusimos una reestructuración de la deuda con el fin de evitar el colapso inminente y compartir las cargas del ajuste de manera más equitativa entre los venezolanos y los acreedores de deuda pública externa. A finales de 2015, alertamos sobre la catástrofe humanitaria que se aproximaba.
A principios del año 2016, propusimos acompañar la reestructuración con un programa de asistencia extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Trabajando con un grupo de economistas venezolanos, calculamos que en aquel entonces se requerían 54.000 millones de dólares en cinco años; una cantidad similar —diez veces la cuota del país— a la ayuda que el FMI le dio a Grecia en 2010 y a Argentina hace algunos meses. Los resultados los recogimos en una propuesta para rescatar el bienestar de los venezolanos que hicimos pública en 2017.
Pero el día después no ha llegado y el futuro ya no es lo que era antes. Al actualizar nuestros estimados con los datos más recientes, hemos tomado conciencia de que los 54.000 millones de dólares que propusimos el año pasado ya no alcanzan. La causa de esta insuficiencia es la enorme destrucción de valor en los últimos doce meses. De acuerdo con un reciente reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en mayo de este año la producción petrolera de Venezuela fue 570.000 barriles por día inferior a la de mayo de 2017, una caída del 29 por ciento. Esta diferencia representa unos 12.000 millones de dólares anuales, cifra similar al total de las importaciones del año pasado, y equivalente a 140 por ciento de las reservas internacionales del país. Además, han colapsado los sistemas de refinación, generación eléctrica, agua, gas doméstico y salud, y se han ido del país más de un millón de venezolanos.
Nuestro problema ya no se puede resolver solo con una reestructuración de deuda más profunda o con un programa de asistencia financiera más grande. Aunque los fondos de los organismos multilaterales —como el FMI— vienen a tasas de interés muy bajas, estos préstamos deben ser repagados. Las normas del FMI requieren que el país sea lo suficientemente solvente en un plazo razonable como para poder emitir deuda a tasas de mercado, a fin de devolver los préstamos obtenidos. Dados los daños registrados en los últimos doce meses, la necesidad de fondos adicionales sería de tal magnitud, que el país quedaría sobrendeudado y perdería la posibilidad de acudir a los mercados financieros para repagarle al FMI.
Una comparación simple puede ayudar a comprenderlo: si a una persona, con buena salud, se le quema la casa que compró mediante una hipoteca, es difícil que pueda adquirir otra con otro préstamo, y salir adelante con dos hipotecas. Por lo mismo, los bancos le prestarán el crédito para una segunda hipoteca solo si se elimina la primera. Pero si, además, la persona perdió la salud y se encuentra incapacitada para trabajar a ritmo normal durante algunos años, los bancos no le prestarán para la vivienda a menos de que otros aporten parte del capital.
Lo mismo ocurre con Venezuela. Ya no es una de esas naciones que pueden ir a los mercados financieros cuando lo necesiten. Tampoco es de los países de ingresos medios, que no lo pueden hacer, pero sí pueden recurrir a préstamos ordinarios de organismos multilaterales. Hoy en día Venezuela es un país pobre, altamente endeudado, que no podrá salir adelante solamente con pedir prestado. Para estos países se creó otro recurso: las donaciones.
Las donaciones no son nuevas para el mundo, pero sí son inusuales en América Latina, particularmente en países, como Venezuela, que alguna vez fueron considerados ricos. Pero Venezuela ya tampoco es lo que era: actualmente cuenta con un ingreso per cápita aproximado de 2 600 dólares por habitante y una producción petrolera per cápita 64 por ciento inferior a la de 2005. El chavismo le ha traído al país una perdida económica superior a las que se han registrado en los países que han recibido las mayores donaciones después de sufrir grandes catástrofes naturales o situaciones de guerra.
En nuestras proyecciones, además de la reestructuración de la deuda y de un paquete financiero de 60.000 millones de dólares, Venezuela requerirá de donaciones de rápido desembolso por aproximadamente 20.000 millones de dólares, necesarios para financiar la importación de materias primas, insumos intermedios, repuestos, medicinas y equipos necesarios para iniciar la recuperación acelerada de la producción.
Estos recursos también permitirán sustituir a la impresión de moneda—el único mecanismo de financiamiento del gasto público con el que cuenta el gobierno venezolano tras agotar su capacidad de endeudamiento— y origen de la hiperinflación que azota al país. Con este apoyo, el país podría fortalecer su solvencia, lo que le haría posible acceder a un programa de financiamiento multilateral en mejores condiciones.
De obtener esta cantidad de donaciones, Venezuela no sería una excepción histórica. A precios de 2017, los 20.000 millones de dólares para Venezuela serían una fracción de la ayuda recibida por Palestina entre 2008 y 2010 (equivalentes a 67.983 millones de dólares) o Irak entre 2005 y 2007 (46.664 millones); y similar a las donaciones que recibió Haití entre 2009 y 2011, Zambia entre 2005 y 2007 o Siria y Jordania entre 2013 y 2015 (todos alrededor de 20.000 millones de dólares).
La tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de los desastres humanos contemporáneos más grandes. De hecho, que la devastación de esta nación latinoamericana no esté asociada a una guerra o un terremoto, no la hace menos cruenta ni menos mortífera, de acuerdo con los cálculos de Caritas.
La rápida recuperación del país y la atención a su crisis humanitaria debe ser una prioridad para América Latina y un imperativo moral para el resto del mundo. La debacle de Venezuela ha generado consecuencias funestas para la región: una crisis de refugiados, el regreso de enfermedades ya erradicadas — como el sarampión y la malaria — y problemas asociados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. Por otro lado, la negativa del régimen venezolano a aceptar ayuda humanitaria es una muestra más de que las consideraciones políticas pueden llegar a predominar sobre el derecho a la vida.
El hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la implantación gradual de un modelo de dominación social a través de la represión y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir para evitar una catástrofe humanitaria mayor.
Para comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de reformas que restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad personal y jurídica y los mecanismos de mercado. También se necesitarán programas de asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de atención social heredado de la revolución bolivariana. Esta serie de reformas debe ser respaldada por los mecanismos de asistencia propios de la comunidad internacional: una donación como la que se hizo a Haití, un programa financiero como el que recientemente le otorgó el FMI a Argentina y una reestructuración de la deuda como la que se hizo en Irak.
El esfuerzo de la sociedad, junto con un programa integral de reformas y el respaldo internacional, pueden ayudar a restituir a la mayor brevedad la capacidad del país de salir del abismo y valerse por sí mismo.
| Nota DefesaNet
Recomendamos a leitura do excelente artigo dos economistas de Harvard.
O EditorAs conclusões são dramáticas. A Venezuela não tem mais saída econômica tradicional, nem a UTI do FMI. Somente via "doação". Sim doação ou benemerência. Quem fará benemerência para o Regime Chavista de Maduro. Excelente, didática e alarmante análise sobe a situação econômica da Venezuela e alternativas. |
CAMBRIDGE, Massachusetts — La situación de Venezuela continúa agravándose año tras año. Si se cumplen las proyecciones de los organismos multilaterales para 2018, el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de su producto interno bruto en cinco años. Esta caída se encuentra entre las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en las últimas tres décadas.
A medida que se deterioran las condiciones del país, también cambian las estrategias y los apoyos requeridos para lograr su recuperación. Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término. América Latina y la comunidad internacional deben entenderlo así y asumir el rescate de la nación latinoamericana como una urgencia.
Desde 2013 hemos venido trabajando en los lineamientos de un plan de rescate para “el día después” del fin del régimen chavista. En septiembre de 2014, propusimos una reestructuración de la deuda con el fin de evitar el colapso inminente y compartir las cargas del ajuste de manera más equitativa entre los venezolanos y los acreedores de deuda pública externa. A finales de 2015, alertamos sobre la catástrofe humanitaria que se aproximaba.
A principios del año 2016, propusimos acompañar la reestructuración con un programa de asistencia extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Trabajando con un grupo de economistas venezolanos, calculamos que en aquel entonces se requerían 54.000 millones de dólares en cinco años; una cantidad similar —diez veces la cuota del país— a la ayuda que el FMI le dio a Grecia en 2010 y a Argentina hace algunos meses. Los resultados los recogimos en una propuesta para rescatar el bienestar de los venezolanos que hicimos pública en 2017.
Pero el día después no ha llegado y el futuro ya no es lo que era antes. Al actualizar nuestros estimados con los datos más recientes, hemos tomado conciencia de que los 54.000 millones de dólares que propusimos el año pasado ya no alcanzan. La causa de esta insuficiencia es la enorme destrucción de valor en los últimos doce meses. De acuerdo con un reciente reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en mayo de este año la producción petrolera de Venezuela fue 570.000 barriles por día inferior a la de mayo de 2017, una caída del 29 por ciento. Esta diferencia representa unos 12.000 millones de dólares anuales, cifra similar al total de las importaciones del año pasado, y equivalente a 140 por ciento de las reservas internacionales del país. Además, han colapsado los sistemas de refinación, generación eléctrica, agua, gas doméstico y salud, y se han ido del país más de un millón de venezolanos.
Nuestro problema ya no se puede resolver solo con una reestructuración de deuda más profunda o con un programa de asistencia financiera más grande. Aunque los fondos de los organismos multilaterales —como el FMI— vienen a tasas de interés muy bajas, estos préstamos deben ser repagados. Las normas del FMI requieren que el país sea lo suficientemente solvente en un plazo razonable como para poder emitir deuda a tasas de mercado, a fin de devolver los préstamos obtenidos. Dados los daños registrados en los últimos doce meses, la necesidad de fondos adicionales sería de tal magnitud, que el país quedaría sobrendeudado y perdería la posibilidad de acudir a los mercados financieros para repagarle al FMI.
Una comparación simple puede ayudar a comprenderlo: si a una persona, con buena salud, se le quema la casa que compró mediante una hipoteca, es difícil que pueda adquirir otra con otro préstamo, y salir adelante con dos hipotecas. Por lo mismo, los bancos le prestarán el crédito para una segunda hipoteca solo si se elimina la primera. Pero si, además, la persona perdió la salud y se encuentra incapacitada para trabajar a ritmo normal durante algunos años, los bancos no le prestarán para la vivienda a menos de que otros aporten parte del capital.
Refugiados venezuelanos cruzam a fronteira com o Brasil, junho 2018.
Lo mismo ocurre con Venezuela. Ya no es una de esas naciones que pueden ir a los mercados financieros cuando lo necesiten. Tampoco es de los países de ingresos medios, que no lo pueden hacer, pero sí pueden recurrir a préstamos ordinarios de organismos multilaterales. Hoy en día Venezuela es un país pobre, altamente endeudado, que no podrá salir adelante solamente con pedir prestado. Para estos países se creó otro recurso: las donaciones.
Las donaciones no son nuevas para el mundo, pero sí son inusuales en América Latina, particularmente en países, como Venezuela, que alguna vez fueron considerados ricos. Pero Venezuela ya tampoco es lo que era: actualmente cuenta con un ingreso per cápita aproximado de 2 600 dólares por habitante y una producción petrolera per cápita 64 por ciento inferior a la de 2005. El chavismo le ha traído al país una perdida económica superior a las que se han registrado en los países que han recibido las mayores donaciones después de sufrir grandes catástrofes naturales o situaciones de guerra.
En nuestras proyecciones, además de la reestructuración de la deuda y de un paquete financiero de 60.000 millones de dólares, Venezuela requerirá de donaciones de rápido desembolso por aproximadamente 20.000 millones de dólares, necesarios para financiar la importación de materias primas, insumos intermedios, repuestos, medicinas y equipos necesarios para iniciar la recuperación acelerada de la producción.
Estos recursos también permitirán sustituir a la impresión de moneda—el único mecanismo de financiamiento del gasto público con el que cuenta el gobierno venezolano tras agotar su capacidad de endeudamiento— y origen de la hiperinflación que azota al país. Con este apoyo, el país podría fortalecer su solvencia, lo que le haría posible acceder a un programa de financiamiento multilateral en mejores condiciones.
De obtener esta cantidad de donaciones, Venezuela no sería una excepción histórica. A precios de 2017, los 20.000 millones de dólares para Venezuela serían una fracción de la ayuda recibida por Palestina entre 2008 y 2010 (equivalentes a 67.983 millones de dólares) o Irak entre 2005 y 2007 (46.664 millones); y similar a las donaciones que recibió Haití entre 2009 y 2011, Zambia entre 2005 y 2007 o Siria y Jordania entre 2013 y 2015 (todos alrededor de 20.000 millones de dólares).
La tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de los desastres humanos contemporáneos más grandes. De hecho, que la devastación de esta nación latinoamericana no esté asociada a una guerra o un terremoto, no la hace menos cruenta ni menos mortífera, de acuerdo con los cálculos de Caritas.
La rápida recuperación del país y la atención a su crisis humanitaria debe ser una prioridad para América Latina y un imperativo moral para el resto del mundo. La debacle de Venezuela ha generado consecuencias funestas para la región: una crisis de refugiados, el regreso de enfermedades ya erradicadas — como el sarampión y la malaria — y problemas asociados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. Por otro lado, la negativa del régimen venezolano a aceptar ayuda humanitaria es una muestra más de que las consideraciones políticas pueden llegar a predominar sobre el derecho a la vida.
El hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la implantación gradual de un modelo de dominación social a través de la represión y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir para evitar una catástrofe humanitaria mayor.
Para comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de reformas que restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad personal y jurídica y los mecanismos de mercado. También se necesitarán programas de asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de atención social heredado de la revolución bolivariana. Esta serie de reformas debe ser respaldada por los mecanismos de asistencia propios de la comunidad internacional: una donación como la que se hizo a Haití, un programa financiero como el que recientemente le otorgó el FMI a Argentina y una reestructuración de la deuda como la que se hizo en Irak.
El esfuerzo de la sociedad, junto con un programa integral de reformas y el respaldo internacional, pueden ayudar a restituir a la mayor brevedad la capacidad del país de salir del abismo y valerse por sí mismo.
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